Es posible, no lo sé, que la vida política catalana se estabilice el próximo otoño, tras la anunciada convocatoria de elecciones por parte del “molt honorable” Maragall. Lo que sí sé, y con esto creo que voy un poco a contracorriente de la opinión publicada, es que esa convocatoria no ha sido “la mejor” solución que se podía dar al desastre en que se ha convertido la Generalitat de Catalunya. Esta aseveración, que he podido leer en al menos dos grandes diarios (entre ellos el influyente “La Vanguardia”) obvia un detalle tan importante como es el hecho de que en poco más de un mes habrá un referéndum para decidir, definitivamente, el futuro del “coñazostatut”. Y ahí está justamente el fallo.

La ambiciosa reforma estatutaria catalana fue aprobada con el respaldo de casi todos los diputados del Parlament, con excepción (casi testimonial y obligada) del PP representado por Piqué. Este hecho incuestionable, en principio, debía de pesar lo máximo a la hora de sacar adelante el texto en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, ese proyecto de Estatut no era ni de lejos la base del programa político con el que Maragall se presentó a las elecciones de 2003 (aquello de la “regeneración de la política catalana, si recuerdan). Por lo tanto, tampoco puede considerarse la razón por la que las candidaturas de PSC y ERC obtuvieron en esas elecciones su mayoría de gobierno. En suma: los ciudadanos no les votaron para eso.

Consecuentemente, Maragall tenía la obligación (al menos moral, pues la ley no le fuerza a ello) de, una vez aprobada la reforma en el Parlament, disolver éste inmediatamente y convocar unas elecciones de las que surgiera una nueva cámara que refrendara o rechazara ese Estatut antes de someterlo al dictamen del Congreso. Es decir, el mismo proceso que legalmente hay que seguir para una reforma constitucional, lo que no es en modo alguno descabellado, dado el gran calado de dicha reforma, que además resulta marcadamente intervencionista, con nación o sin ella. Esa fue la primera ocasión perdida para hacer las cosas bien.

Otra ocasión perdida llegó con la tramitación del proyecto en el Congreso de los Diputados. Dejando aparte la discusión sobre si era una reforma constitucional encubierta o no, varios hechos ya indicaban que iba a ser necesario replantearse el fondo del asunto. El primero, la declarada intención del PP de oponerse a cualquier reforma surgida del tripartito. Esto era bastante obvio, pese a quien pese, pues la táctica del PP en esta legislatura es evitar a toda costa cualquier tipo de consenso. En este sentido, si la posición de ERC era extrema en máximos (voy a pedir todo lo que me salga dels collons), la del PP se iba a los mínimos (no te voy a dar nada por que de ahí no me sale). El segundo hecho era que, lógicamente, el Estatut iba a ser sensiblemente recortado a base de enmiendas durante la tramitación, ya que está plagado de artículos y conceptos claramente inconstitucionales. Esto, que es algo normal, previsible y hasta deseable (mal representante de una comunidad es quien no trata de obtener lo máximo para sus representados) fue empleado por ERC para desmarcarse del proyecto, erigirse en mártires del catalanismo y lanzar el órdago de su posición imprescindible como sostén de dos gobiernos; y todo ello al mismo tiempo, usando como arma demagógica un único punto: la definición de Catalunya como nación. Pues con todo eso, al “amic Pasqual” se le escapó otra oportunidad de hacer valer y respetar su cargo. Como se ha visto después (aunque se veía venir de lejos), ERC le tenía tanto apego al sillón que jamás habría cumplido sus amenazas desertoras.

El golpe definitivo (y la última oportunidad perdida) ha sucedido hace poco, con la declaración oficial de la Esquerra en la que manifiestan su campaña por el “no” en el próximo referéndum, lo que no les ha impedido (bendito cinismo) abstenerse en el Senado para que el Estatut no fuese rechazado por “los de Madrid”. ESte empecinamiento en sostener lo insostenible llevó a los dirigentes independentistas a enfrentarse con sus propias bases. Además, ha acabado con la paciencia de Maragall, quien no hace tanto ya tuvo que tragar con incluir a un sinverguenza declarado (Vendrell) en la lista de Consellers. El President no estaba dispuesto, parece, a soportar más estupideces de Carod y Puigcercós y, de modo inmediato, ha destituido a todos los Consellers y altos cargos que correspondían a la nómina de ERC, anunciando elecciones para finales de este año e interrumpiendo, por fin, una legislatura colmada de despropósitos.

Pero, ¡ah, paradojas de la vida y eso! el referéndum no se va a desconvocar y se celebrará en la fecha prevista. Con ello, Maragall no sólo desperdicia su enésima ocasión para tomar una decisión política acertada, sino que, de hecho, ha terminado de enredar la madeja en dos aspectos: contaminando el propósito de dicho referéndum, que inevitablemente se tomará como una valoración directa a la gestión del tripartito (y que cada partido calificará según le convenga: todos ganan) y, por otro lado, alargando innecesariamente un “govern” que ahora actuará con apoyos precarios hasta las nuevas elecciones. De paso, ha reforzado (¡y de qué manera!) a sus rivales de CiU, un partido que aún necesitaría estar varios años en la oposición para purificarse de los muchos vicios contraídos en dos décadas de mandamases y que, curiosamente, podría volver mucho antes al poder gracias a a la actitud de una coalición que, de habérsela inventado Berlanga, nos habría parecido exageradísima. Y es que, a pesar del gastadísimo “hecho diferencial”, Catalunya y el resto de España no son, ni mucho menos, tan diferentes.