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Todología con bigote
De dimisiones y responsabilidades

Una persona dimite de su cargo (o debería dimitir) por múltiples razones, desde los motivos más estrictamente personales hasta la mayor cagada pública que le impide (o debería impedirle) continuar en su posición actual. En el primer caso es una decisión voluntaria, en el segundo es (o debería ser) una obligación moral.

El argumento “presenté a mi superior la dimisión pero no me la aceptó” es el recurso de los miserables con el rostro de cemento. Se lo oímos un par de veces a Federico Trillo con motivo de la tragedia del Yak-42. Era, por supuesto, un argumento de cartón piedra y además muy poco disimulado: mientras lo soltaba, Trillo se dedicaba a la vez a burlarse de los periodistas que le preguntaban por su indudable responsabilidad en el desastre (aunque resquicios legales y jueces de amplia interpretación lo dejaron fuera del banquillo de los acusados) y a chulearse de su refulgente carrera política. Hoy, en premio a sus “méritos diplomáticos”, lo tenemos de embajador en Londres y casi que pagaríamos con gusto para que se lo quedaran y no volviera a España.

Ese mismo argumento es el que Felip Puig, consejero de Interior de la Generalitat catalana, ha esgrimido hoy ante las evidencias ya indiscutibles de que en una de las últimas manifestaciones los Mossos d’Esquadra utilizaron pelotas de goma para reprimir a los manifestantes, que una de ellas provocó que una persona perdiese su ojo sin remedio y que, además, tanto él como el jefe de la policía conocían ambos hechos y, aun así, los negaron repetidamente en las semanas posteriores a éstos. El jefe de los mossos ya ha dejado su cargo, pero Puig permanecerá, además con el inestimable apoyo de Esquerra Republicana (dato éste que daría para varios calificativos nada agradables hacia esta formación, pero eso es otra historia).

El hecho es éste: si una persona, que además tiene un cargo político, quiere dimitir, lo puede hacer sin problemas, independientemente de que su jefe le acepte la renuncia. Un cargo de conseller no es un empleo con contrato que ha de indemnizarse si se resuelve unilateralmente (al contrario, y esto también da mucho asquito, Puig dimitiendo se llevaría una indemnización bastante maja). El que el conseller siga en su cargo mientras escribo estas líneas sólo demuestra que ni tiene ni ha tenido la intención de marcharse en ningún momento. Por la razón que sea, y sospecho que es porque el poder de canear al personal y el sueldo que le pagan por ello resultan muy tentadores, Felip Puig seguirá mofándose de cualquier tipo de legalidad exigible en el comportamiento de sus subordinados policiales y echando la culpa a los manifestantes que dan golpes de ojo en las pobres pelotas de goma. Ahora, encima, crecido con el cable que le tiende una mal llamada izquierda.

Pero el problema, en realidad, es de concepto: a la hora de pedir responsabilidades nos dedicamos a gritar exigiendo dimisiones, esto es, pedimos a un impresentable que deje el cargo por unos hechos de los cuáles no se arrepiente ni pretende hacerlo. ¿Cómo podemos esperar que se marche voluntariamente, si le gusta lo que está haciendo?

Y es que, en realidad, lo que se ha de exigir es mucho más duro que eso: primero, se ha de pedir al superior directo del perpetrador —en este caso el President, todavía en funciones, Artur Mas— que destituya fulminantemente a su subordinado —en este caso Felip Puig—. Y en segundo lugar, una vez cesa el individuo en su cargo, ha de denunciársele para que caiga sobre él todo el peso de la ley y que la Justicia ordinaria (y no una hecha a medida del gobernante) se le aplique con rigor, porque en cierto momento podríamos estar hablando, incluso, de delitos graves.

Dado que Mas ni entonces ni ahora parece que vaya a echar a su conseller, queda bastante claro que el molt honorable1 comparte y aprueba los métodos que éste utiliza para responder a las cada vez más numerosas quejas de los ciudadanos contra las políticas de su gobierno. Si, además, el susodicho conseller utiliza modos y maneras tan abusivas que bordean, cuando no abrazan, lo fascista y autoritario, pues ya se pueden hacer una idea acerca de qué tipo de política es la que promueve el President de la Generalitat.


Por lo breve: hay otro tipo de dimisiones (o destituciones) que deberían hacerse como en los dibujos animados, tirando de una cuerda que abriera una trampilla bajo el sillón del ministro o consejero y lo arrojara al foso de las fieras. La de Fátima Báñez sería una de esas: una ministra de Trabajo que ha hecho pellas en todas las reuniones ministeriales de la UE desde que accedió al cargo. Mi teoría es que Báñez es incluso más inútil de lo que viene demostrando hasta ahora, y tanto es así que habría sido el propio Rajoy el que ha impedido que Báñez asista a las reuniones de la gente seria. Y es que estoy convencido de que Mariano tiene a esta ministra como una suerte de punching-ball para que se lleve todas las hostias provocadas por la reforma laboral que, en realidad, deberían aterrizar en la jeta del presidente del gobierno. Por eso Rajoy no destituye a la que, en mi opinión, es la peor ministra democrática con diferencia, a pesar de que ha hecho méritos sobrados para ello. Y Báñez seguro que no dimite: el sueldo de un ministro es demasiado jugoso como para despreciarlo.

1 Para los que no conocen mucho este cuaderno, aclaro que cuando uso esta expresión lo hago con el sarcasmo más absoluto.

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