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Todología con bigote
El factor Gallardón

El primer (d)efecto del nuevo gobierno lo van a notar los madrileños antes que nadie: el nombramiento de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia le ha hecho renunciar de inmediato a su acta de concejal en el ayuntamiento de Madrid y, consecuentemente, ha dimitido de su cargo de alcalde de la ciudad. Cumpliendo la ley establecida, será la número dos de la lista, Ana Botella, quien asuma el cargo merced a la mayoría absoluta del PP en dicho consistorio.

No ha tardado en producirse revuelo en Twitter, incluso con un intento de TT con el hashtag (#queremoseleccionesenMadrid), bajo la razón, más o menos lógica, de que cuando se votó en las elecciones de junio, la señora de Aznar no era la candidata a la alcaldía.

Es, de nuevo, una mala interpretación del concepto de democracia indirecta que rige el sistema electoral en nuestro país. Al igual que cuando uno vota en unas elecciones generales no escoge directamente al presidente del Gobierno sino a unos diputados que —confiamos y así debe ser— elegirán en asamblea a la persona que ocupará ese cargo, similar principio se aplica en las elecciones municipales; elegimos concejales y éstos votarán a uno de ellos como alcalde. En el caso de los municipios, además, si la persona en el cargo lo abandona por la razón que sea, no existe la posibilidad de convocar nuevas elecciones, sino que la ley prescribe que los concejales han de votar a un nuevo candidato de entre ellos. A esto le veo mucho sentido: tratándose de la administración más cercana al ciudadano y la que más sufre con los parones electorales, es preferible que se mantenga estable salvo desastre sin paliativos y que no pueda ser disuelta a capricho por cálculos electoralistas.

Es decir, cuando la salida de Gallardón supone que Botella será alcaldesa, lo que está pasando es, ni más ni menos, que se cumple la ley. Con efectos seguramente espantosos, pero así es.

En ese punto, y no antes, es donde debe empezar la discusión. Podemos, si quieren, discutir si la ley es buena o imperfecta; si debe modificarse para que el alcalde sea elegido directamente (algo que el PP lleva años pidiendo pero, eso sí, por el nada democrático método de que gane el más votado aun sin tener la mayoría absoluta de votos); si hay que cambiar los pasos a seguir cuando se produce una vacante en el cargo. Es posible que muchos aspectos de la ley sean manifiestamente mejorables y, en ese caso, es deseable que se cambien.

Por otra parte, creo que una modificación en la ley debería dirigirse, más bien, al compromiso que un candidato a alcalde (o a concejal) adquiere a la hora de presentarse a unas elecciones. Para mí la falta de ética no está en el procedimiento sino en el candidato en sí. Cuando una persona, sea Gallardón o cualquier otra, pide y obtiene la confianza de los ciudadanos, éstos tienen derecho a exigirle que honre esa confianza manteniéndose en el cargo por el tiempo establecido. Entiendo que dejar el cargo en circunstancias como esas supone, como mínimo, un fraude. Gallardón, al igual que otros políticos antes que él que siguieron esos mismos pasos, es culpable de ese fraude. Sin embargo, nada impedirá ni sancionará que haya traicionado la confianza surgida de las urnas. Porque esta jugarreta del Faraón de Cibeles no es un hecho aislado ni extraordinario, sino algo habitual entre los dos partidos que han gobernado la nación desde hace treinta años y a lo que, hasta ahora, los ciudadanos han respondido con mansedumbre e indiferencia.

Quizá deberíamos empezar a exigir a nuestros políticos un nivel mayor de compromiso en los cargos a los que aspiran y acceden. Determinar, incluso por ley, cuál es el tiempo mínimo que un cargo electo debe permanecer en su puesto para evitar que ese político lo utilice simplemente como trampolín hacia esferas más altas. O, ya puestos, para que el político no elegido permanezca igualmente en la oposición y responda ante sus electores de la labor que allí ejerza. Y que, si no lo hace (salvo excusa ineludible y justificada), dé cuentas de ello ante la Justicia, con penas económicas e incluso de prisión. Es posible, sólo posible, que entonces comprendan lo que significa estar al servicio de los ciudadanos, y no de sus propios intereses.

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