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Todología con bigote
Sobre el proyecto de reforma de la instrucción penal

Mientras se me ocurre algo sensato de lo que escribir, quería sacar a colación este asunto, apuntado por la Cadena SER hace unos dias a partir de unos informes del Ministerio de Justicia. Al parecer, el Gobierno pretende (en serio o de paripé, da un poco lo mismo) reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el propósito de descargar a los jueces de las instrucciones penales para trasladar estas tareas a los fiscales. Dicho en plan cutre, hacer que la instrucción del caso se parezca un poco a lo que vemos en las películas anglosajonas. Dentro del proyecto se incluiría asimismo una reforma del sistema de garantías para los procesados, en teoría para reforzarlas.

Así dicho suena bien para los que no sabemos de leyes ni Derecho, pero tras leer ciertos textos de juristas en internet (aquí tienen una reflexión de Andrés Boix Palop, por ejemplo), resulta que ni la cosa es tan sencilla de realizar, ni parece realmente que vaya a traer los beneficios prometidos.

Hoy tengo en el cuaderno a una invitada, Estefaldina Inseglet, gestora procesal, quien opina en este sentido, indicando que la reforma propuesta (o por proponer), en realidad, acabará por matar el principio de separación de poderes. Les propongo que lo lean y, si gustan, lo comenten. Si se abre debate, con mamporros y sangre incluidos, mejor que mejor. A la autora, muchas gracias por su colaboración.


Si la previsible pronta finalización de la actual legislatura no lo remedia, los Camps de este mundo están de suerte. Después de una árida travesía por el desierto de veintiséis años de democracia, por fin los políticos corruptos y mangantes de esta nuestra España ven la luz al final del túnel. Se pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el peso de la instrucción se desplace de los Jueces “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley (art. 117 CE)” a los Fiscales sujetos a “principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica (art. 124.2 CE)”. Dependencia jerárquica que desciende en cascada desde el Fiscal General del Estado, nombrado directamente por el Gobierno.

Ya dijo Alfonso Guerra aquello de “Montesquieu ha muerto“. En aquella época de Filesas, Gal y casos de corrupción política brotando como champiñones, no se consiguió rematarlo. Si sale adelante esta reforma legislativa, sí. Muerto, fusilado y enterrado entre pompas de jabón y confeti de colorines porque la falta de voces críticas me deja estupefacta. Que el poder ejecutivo y el legislativo son el mismo no precisa mayor comentario. Hoy por hoy sólo escapa, conspicuo e incómodo, el poder judicial, pero a eso le han puesto fecha de caducidad.

Dice Caamaño dando un bonito titular que el propósito de la nueva ley es “asimilar a democracias avanzadas“ la justicia española, olvidando muy oportunamente que en esas democracias avanzadas el fiscal es el que goza de independencia y libertad de actuación. También justifica que la redacción de una ley nueva es necesaria para “aumentar las garantías“ y “agilizar el proceso“ armonizando dos conceptos opuestos e incompatibles. Si el proceso penal español es largo es porque es muy garantista y los letrados —en el legítimo ejercicio de su profesión (dejémoslo ahí)— usan, abusan y agotan el sistema de recursos eternizando los procesos.

La oposición, muy en su papel, discrepa, y su portavoz Soraya Sáenz de Santamaría le saca a la ley los defectos ya apuntados, pero mucho me temo que otro gallo cantará cuando el PP gobierne, porque a nadie le amarga un dulce y a ningún gobernante presente o futuro le vendrá mal la tarjeta de “queda libre de la cárcel”, tan socorrida en el Monopoly y en la vida.

Está claro que una Ley de Enjuiciamiento Criminal que data de 1872 y que ha sido parcheada ad nauseam necesita una reforma, pero el Gobierno ha barajado churras con merinas y se ha sacado de la manga un póquer de ases.

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