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Todología con bigote
El papel de la prensa: Sin preguntas no hay cobertura (excepto casi siempre)

#sinpreguntasnohaycobertura fue el hashtag utilizado en twitter hace algunas semanas por muchísimos usuarios (entre ellos, no pocos periodistas e incluso editores que se apuntan a un bombardeo si esto les supone publicidad a su negocio) como de protesta ante el continuo desdén que los políticos en ejercicio muestran, no solo ante los medios de comunicación que van a apuntar sus proclamas, sino ante todos los ciudadanos a los que se supone que representan y de quienes cobran su sueldo (USTED, por si no queda claro).

Cualquier político con cargo o con aspiraciones a éste debería estar obligado a responder preguntas en ruedas de prensa, aunque éstas consistan de un simple comunicado. En el caso de los que sí tienen sueldo público, esta obligación debería incluso serlo por ley, al igual que otras cosas como los debates públicos entre candidatos o que el proceso de elección de estos sea público, democrático y abierto. Si un presidente de gobierno, un ministro, un diputado o un concejal toma una decisión que afecte a la vida diaria de la ciudadanía, o de parte de ella, es necesario que la explique y que defienda sus argumentos ante un posible cuestionamiento. De no hacerlo, el comunicado se convierte en propaganda, y el negarse a responder preguntas se convierte en un grave desprecio ante quienes representas, te hayan votado o no.

Pero este problema no es sólo exclusivo de los políticos, sino que en gran parte ha de ser trasladada la culpa a los periodistas y a los medios de comunicación que les envían a cubrir esas ruedas de prensa sin preguntas. La responsabilidad del periodista es informar, pero también tiene la obligación de obtener esa información, de ser crítico con quien la emite y de escarbar mucho más allá del punto donde el objeto de la noticia (el político, en este caso) pretende poner la barrera. Leemos muchas veces del derecho a informar de un periodista o de un medio, y de cómo defienden ese derecho con uñas y dientes cuando éste es limitado. Bien, pero a ese derecho hay que unirle la obligación de informar. Y, mientras que ésta no es una obligación legal, sí debería ser un deber moral, por encima de ideologías y de intereses del negocio. No ocurre demasiado, pero como ciudadanos tenemos derecho a exigir que así sea. No existe libertad de expresión si conscientemente no se ejerce.

Mariano Rajoy, mal llamado “jefe de la oposición” ha dado una rueda de prensa esta semana y por varios motivos ésta ha sido y está siendo la gran noticia de actualidad española, pepinos aparte (o no). Es noticia porque es la primera que da en lo que va de año, es noticia porque se da justo después de la debacle socialista en las elecciones municipales y autonómicas, es noticia porque quien la da aspira a ser dentro de diez meses presidente del Gobierno y, sobre todo, es noticia, porque por primera vez Rajoy deja su silencio programático (al estilo de los no-sé-nada estadounidenses de mediados del siglo XIX) y empieza, por fin, a desgranar propuestas concretas; bien es verdad que sigue sin mojarse demasiado en los detalles.

La idea general que impregna esas propuestas es la de austeridad. Rajoy ya empieza a hablar de recortes administrativos, de reducción de consejerías, de ministerios, de lo que él llama gastos superfluos… de la cada vez más espantosa deuda que acucia a las autonomías, en definitiva. Avanza —o amenaza, está por ver— con hacer auditorías en las CCAA donde el PP está entrando a gobernar. Habla de racionalización del gasto y se ha descolgado con una homilía sobre la inaplazable necesidad de rebajar el déficit. Nada nuevo, pero está bien que vaya diciéndolo él y no sus Squealers de turno.

Sin embargo, es interesante que esa declaración de intenciones —casi programática, como digo— esté en completa contradicción con las políticas que el PP maneja en aquellas autonomías y ayuntamientos donde lleva gobernando durante muchísimos años. Para que se hagan una idea, en el Ayuntamiento de Madrid hace ya 20 que lo hacen (más dos en coalición con el CDS); en la Comunidad, dieciséis; en Valencia ciudad otros veinte, en la Generalitat Valenciana más de tres lustros. Esas cuatro instituciones tienen sus correspondientes cajas tiritando, más una deuda que estarán pagando sus ciudadanos durante varias décadas. Y eso con políticas muy similares a las que el Partido Popular pretende aplicar en el gobierno de España cuando ganen las elecciones. Éstos son hechos, entiendo que incontestables.

La rueda de prensa, esta vez, fue con preguntas, y los periodistas preguntaron. Sin embargo, cuando dichas preguntas tocaron los temas del déficit, de la deuda, de las políticas autonómicas o de la corrupción, Mariano el gran orador se negó a contestarlas, y los periodistas saltaron a otro tema. Allí estaban representados los principales medios de comunicación nacionales, más agencias de noticias y, supongo, no pocos medios regionales y locales que enviaron a sus corresponsales para saber qué tenía que decir el hombre del año. Hasta donde yo sé, a ninguno se le ocurrió insistir, repreguntar, azuzar, meter el dedo en el ojo del político y acosarle hasta que por fin responda lo que, en el fondo, nos interesa a todos: Señor Rajoy, ¿va a aplicar estas políticas? Si es que sí, ¿cómo piensa combatir toda la mierda que éstas han dejado? Si es que no, ¿por qué las siguen aplicando sus compañeros de partido allí donde gobiernan? Y mucho más importante: viendo los resultados, desastrosos en lo económico, ¿por qué sigue confiando en ellos?

Ésto es lo que yo habría preguntado. Pero a día de hoy me hago una pregunta distinta: en aquella rueda de prensa ¿dónde estaban los periodistas?

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