Hasta el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, un país donde la separación de poderes es casi total, debe someterse a la aprobación de su Congreso. En España, con mayor motivo, puesto que como especifica el artículo 1.2 de la Constitución, del pueblo emanan los poderes del Estado, y el órgano de representación del pueblo es el Parlamento, en sus dos cámaras.

Francisco José Hernando, presidente del Tribunal Supremo español, no está obligado por ley, sin embargo, a comparecer ante las Cámaras a petición de éstas. Poniendo su supuesta independencia por escudo, Hernando se niega a explicar ante sus señorías algo tan simple como cuáles van a ser los criterios de aplicación de las redenciones de pena según qué y a quién se le apliquen. Esto no es cosa baladí, porque, como dije hace algún tiempo, cuando se toman medidas ad hoc de forma tan precipitada (haya o no haya alarma social, se esté de acuerdo o no con el fondo de éstas), se corre el riesgo de que estas acaben resultando, en último recurso, inconstitucionales, con lo que se estará haciendo más daño que beneficio a la causa de la lucha contra el terrorismo y, por ende, a la Justicia en general.

Que Hernando esgrima su independencia cuando su cargo es político y por designación a dedo suena a burla de niño cogido en falta. Es más, no tendría razón alguna para no ir, y si lo que tiene es miedo de lo que puedan preguntarle los parlamentarios de ERC o PNV (aquellos que muestran más manga ancha con los etarras), deberían sobrarle argumentos para contrarrestar sus preguntas o afirmaciones.

Que el PP tenga la desfachatez de defender la decisión de Hernando aludiendo al principio de separación de poderes (a este poder lo nombraron ellos), indica que la decisión de Hernando tiene mucho más de política que de judicial, y lanza la sospecha de que esa decisión haya estado dirigida, con el fin de desafiar en otro frente más a la coalición parlamentaria que tiene mayoría en el Congreso.

Aunque no tenga una obligación legal de comparecer, el presidente del Tribunal Supremo sí tiene una obligación moral de responder a las preguntas que los representantes del pueblo, sean cuales sean, quieran hacerle. Y la tiene porque su posición y el poder que ostenta provienen directamente de estos representantes, y por ende del pueblo. Y la confianza del pueblo en este poder es crucial para que éste no se desmorone. Lo peor que le podría pasar a un estado democrático y de derecho es que se pierda la confianza en las instituciones que sustentan ese derecho.

Si Francisco José Hernando no es capaz de entender esto, o lo entiende pero no quiere atenerse a esos principios, entonces no es digno del cargo que representa, el tercero más importante del país, tras el ministro y el presidente del Constitucional. Y si no cree en el cargo que ostenta, entonces el paso lógico sería renunciar a él. Porque el concepto de justicia se pierde en el momento en que ésta se burla del pueblo al que ha de servir.