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Todología con bigote
Este juez es tuyo, esta jueza es mía

Verán ustedes: si yo alguna vez tuviese un problema legal (que no ha sido el caso… de momento) que me llevara a juicio delante de un señor juez o una señora juez, lo primero que haría sería preguntarle a mi abogado a qué asociación se adscribe su señoría, por si existe la posibilidad de recusarle por diferencias ideológicas. Así podría apuntarme un par de tantos: uno, librarme del juez que me molesta por tener unas ideas políticas o sociales distintas a las mías y, dos, ganarme las simpatías de su sustituto, que teóricamente anda por el polo opuesto del espectro de opinión. Tendría el juicio ganado en, digamos, un setenta por ciento.

¿Les parece una burrada el párrafo anterior? Posiblemente lo sea, pero es ni más ni menos lo que estamos viendo que sucede en dos de las principales instituciones del Estado, cuya existencia y base fundamental está incluso recogida en la Constitución como piezas clave de la composición de nuestra Democracia: el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. De ellos dependen tanto las pautas a seguir por el conjunto de la judicatura en España como la interpretación al milímetro, incluyendo sentar jurisprudencia, de la ley principal de nuestro país. Un cometido este último, por cierto, que viene siendo demandado por historias cada vez más peregrinas, aunque sólo sea para marear la perdiz mientras se decide su admisión a trámite o no.

Esa aparente burrada del principio la estamos viendo a diario durante los últimos cuatro años y pico. Como la composición de ambos órganos (al que añadimos la presidencia del Tribunal Supremo) depende del Parlamento, que refrenda los nombramientos, y éste de la composición de las cámaras en cada legislatura, creo que no ha pasado ni un sólo día en el que la prensa mencione, junto al nombre de cada uno de sus componentes, la adscripción ideológica o incluso política a la que pertenece. Así, conocemos la existencia de jueces “de derechas” o “a propuesta del PP”, “de izquierdas” o “a propuesta del PSOE” e incluso “nacionalistas”, elijan ustedes al azar quién los propone.

El resultado es de sobra conocido: en el momento en que una ley polémica o un recurso de trascendencia llegan al TC, los medios de comunicación anticipan cuál va a ser el dictamen, de acuerdo con la actual composición del tribunal, las filias o fobias políticas particulares de sus miembros, e incluso las previsibles recusaciones. A nadie se le pasa siquiera por la cabeza que, justamente por tratarse de jueces, se les debería suponer imparcialidad y un escrupuloso respeto a las leyes y su aplicación. ¡Es que ya se da por hecho que cada uno va a votar según el partido que lo propuso! De hecho, los dos últimos años han sido especialmente sangrantes con este organismo, no hace tanto tenido en la más alta estima, casi como justitia dei. Nuestro Tribunal Constitucional se regía por la máxima incuestionable (o más bien incuestionada, si es que existe), de que su palabra era la Ley: doce jueces, doce votos, deliberación y acuerdo… no se discutían sus decisiones, se acataban y punto.

Cuatro elementos acabaron con ese prestigio en cuestión de meses: el primero, la introducción del concepto de “minoría de bloqueo”, una propuesta socialista que requería que cada juez del CGPJ y del TC fuese elegido por mayoría de tres quintos en cada cámara, con el fin —suponemos— de alcanzar el mayor consenso posible y evitar partidismos. El segundo, el vacío legal existente en caso de no ser posible la renovación de los miembros de dichos organismos. El tercero, detonante de todo, los recursos presentados por la oposición conservadora a ciertas leyes polémicas o controvertidas aprobadas por el Gobierno o por distintas Autonomías. El cuarto, no menos importante que el resto, son los propios jueces, cómplices necesarios en este despropósito, puesto que en sus manos está aceptar o no que se juegue con ellos cual intercambio de cromos. En sus manos, está también, aceptar que su independencia se vea puesta en entredicho por un partido político al que se aferran para conseguir el sillón. Y, estimados lectores: lo aceptan sin reservas, luego son parte del problema.

Porque un mínimo de dignidad desde la corporativista instancia judicial exigiría que los miembros de ambas mesas hubiesen, como poco, presentado su dimisión de inmediato, con el fin de que los partidos tuviesen que acelerar necesariamente el proceso de renovación en lugar de marearlo durante dos años para poder seguir prolongando la acción política a través de los jueces. No ha ocurrido. Como alternativa, podrían haber denunciado de oficio a los protagonistas de los insultantes manejos que impidieron dicha renovación, a la que la Constitución —nada menos— obliga. Tampoco lo han hecho. En suma, más por omisión consciente que por acción han contribuido no sólo a la congelación de dos instituciones importantísimas para el buen funcionamiento de un estado de Derecho, sino también a su descrédito. Y ese descrédito no se circunscribe a ellos solos, a fin de cuentas simples mortales, sino que se extiende como una mancha de lodo al conjunto de su profesión y, lo que es más grave, al concepto mismo de Justicia en España.

La renovación, a punto de concluirse, nos ha proporcionado estampas de la España más negra y bandolera: dentro del famoso consenso se han incluido a jueces que han sido diputados o que han ocupado cargos políticos bajo los partidos que les han propuesto. Sin sutileza ninguna esta vez, y eso que la cosa podría haber sido mucho más flagrante (se barajaba nada menos que el nombre de Ignacio Astarloa, no se lo pierdan; un poco más y nos clavan a Pujalte). Nada de lo que ha ocurrido ha supuesto, siquiera, un toque de atención a esos políticos que acaban de consolidar al Poder Judicial como una prolongación de sus apéndices (no digo el término que pienso para no caer en lo grosero). Con esto no implico que un juez deba carecer de ideas, no. Antes al contrario, un juez, además de por su conocimiento exhaustivo de las leyes, se conforma por sus convicciones políticas y morales, siendo habitualmente imposible desligar unas de otras. Ello es lo que le permite interpretar la Ley cuando la letra de ésta no resulta suficiente. El problema salta cuando se utilizan dichas ideas o convicciones como carta credencial para ocupar un puesto —sospechamos que bastante bien pagado— en las más altas instituciones del Estado. Aquellas, insisto, en las que el ciudadano se fija cuando busca la “verdadera” Justicia, si me permiten tal adjetivo.

Ya que los políticos no parecen dispuestos a preservar la independencia judicial en dichas instituciones, deben ser los propios jueces los encargados de defenderla con todos los medios a su alcance. Si cabe, incluso, proponiendo reformar las leyes que de ellos mismos se ocupan. Si no son capaces de darlo todo por conservar lo que es el fundamento de su profesión, si están dispuestos a prostituir su independencia por las lentejas de un cargo, entonces, señorías, cómanse con su pan esos tribunales y esos consejos, porque ciudadanos como yo les declararemos incompetentes para juzgar cualquier cosa. Y lo más terrible que le puede pasar a un país es que el ciudadano pierda la fe en su Justicia.

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