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Todología con bigote
El Algarrobazo

La justicia debería ser ciega, tonta y rápida. En lugar de eso lleva un ojo abierto, es completamente consciente y camina a paso de tortuga. En una paradoja extraña, cuanto más dinero se le mete, más lenta va y más cuestionables son sus decisiones.

El caso del Algarrobico lleva más de una década danzando por juzgados, desde el más enano de la provincia hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En todo ese tiempo ha habido sentencias para tirarlo y sentencias para dejarlo en pie intercambiándose el protagonismo en los titulares. El edificio es un mamotreto de hormigón, que además es de una horterez hija de su época, incrustado en medio de un paraje natural gracias a la inestimable labor de constructores sin escrúpulos, políticos bien cubiertos, leyes suficientemente ambiguas y, al cabo, tribunales con un repertorio tan amplio de interpretaciones que a uno le hacen dudar de si la ley sirve para algo.

La última sentencia, aparentemente definitiva (la Junta afirma que recurrirá, pero no parece que vayan a poner mucho empeño, visto cómo se dejaron ir en los últimos coletazos del proceso), declara ajustada a derecho la licencia concedida al hotel. El texto de la noticia es un poco farragoso y conviene leerlo despacio y contrastarlo con otras fuentes, pero básicamente afirma que la licencia otorgada al hotel era correcta desde el principio y achaca múltiples defectos de forma tanto a recursos como a sentencias anteriores. En una primera lectura podría decirse que la sentencia está bien razonada, aunque deberíamos ver la opinión de juristas. No obstante, lo que subyace detrás es tan siniestro que sólo pensarlo produce escalofríos.

Sobre todo porque no es el único caso, aunque sí uno de los más emblemáticos, de cómo puede uno saltarse la ley o desdoblarla a su antojo para, primero, pulirse el patrimonio natural del país destrozándolo a base de ladrillos y cemento; y después, utilizar los recursos económicos del erario para sustentar el atropello legalmente, bien enredando el caso en los juzgados a base de recursos hasta lograr una prescripción o una nulidad, bien incumpliendo las obligaciones impuestas por las sentencias (el hotel se tendría que haber demolido tiempo atrás y no se hizo porque nadie ponía el dinero para ello) hasta conseguir el mismo resultado. No es una cuestión meramente ecológica, sino una foto muy precisa de cómo funciona la maquinaria de la justicia según interese o no que la legalidad se cumpla.

Porque podríamos hacer una analogía de este caso con algún otro más pedestre, por ejemplo que usted quisiera hacer una obra en el patio trasero de su casa, o en la fachada, y que un Ayuntamiento, pongamos por ejemplo el de Carboneras, se lo impidiese y lo llevara ante el juez por seguir adelante con la obra, o por no tirar lo que ya llevase levantado. O que le quisieran expropiar parte de su casa para montar ahí, qué sé yo, una bar con terraza de verano1. Entonces casi le puedo garantizar dos cosas: una, que a base de recursos le acabarán quitando la razón o arruinándole. Y dos, que seguro, pero seguro, que no tendrá a un Ayuntamiento personándose por usted en los tribunales para que le salga bien la jugada.



Bola extra: en Murcia, una de las comunidades más castigada por el ladrillo y más inundadas por la corrupción, tiene pinta de que se repetirá la jugada, esta vez con un parque temático. La secuencia será la misma: denuncia, quizá juicio, sentencia, incumplimiento de sentencia, recurso, más recurso, otra sentencia, otro incumplimiento, doblez de la ley, nuevo recurso, nueva sentencia, etcétera. Y el final será seguramente el de siempre: para cuando haya que tirar algo, ya no podrá hacerse. Por otra parte, resulta fascinante esa querencia que tienen políticos y ladrilleros por cargarse montes y costas para seguir levantando pirámides de humo, en lugar de aprovechar el terreno alguna de esas centenas de urbanizaciones ya terminadas, que acabaron como mini barrios fantasma, monumentos al mal gusto, porque al final nadie tenía dinero ni ganas de ocuparlos.

1 Caso real, aunque no en Carboneras sino en un pueblo de la provincia de Málaga.

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