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Todología con bigote
La pucheros

Llamar “pucherazo” a lo que ha hecho Cospedal no es del todo exacto. Con este término nos referimos normalmente a la manipulación de los resultados electorales una vez escrutados. La adición o supresión de votos, los conteos sin control y otras técnicas más elaboradas son ejemplos de pucherazo, palabra que por lo que leo procede de la Restauración Borbónica del siglo XIX y la época del turnismo. En los municipios controlados por caciques se guardaban votos fraudulentos en pucheros, que luego iban a parar a la urna según fuera conveniente.

La modificación estatutaria perpetrada por la generala del PP podría considerarse, en realidad, una combinación de gerrymandering y malproporción (palabro que me acabo de inventar y que deriva libremente del inglés malapportionment). El primero de los términos (llamado así por el senador estadounidense Elbridge Gerry) se refiere a una redistribución de los distritos electorales, tal que las fronteras de éstos se diseñan para asegurarse la elección en distritos donde se sabe que existe una mayoría favorable al partido que impulsa la reforma. En Estados Unidos y otros países con sistema mayoritario tiene efectos directos, mientras que en España, donde la representación es proporcional, no sirve de mucho y, además, está muy limitada por el mandato constitucional de que la circunscripción sea provincial. En elecciones municipales en las grandes metrópolis, y Madrid es un buen ejemplo de ello, se redibujaron los límites de los distritos urbanos antes de los comicios. Aunque esto no tiene efectos prácticos en la urna, sí sirve, en cambio, como táctica de propaganda una vez pasan las elecciones y puedes lucir ante la prensa y la oposición los distritos en los que tu partido ha ganado.

El segundo término, la malproporción, se sitúa en el corazón de la reforma cospedaliana: pervertir el alcance de la representatividad de manera que haya menos puestos elegibles, que habrán de repartirse el mismo número de votos. Esto tiene una consecuencia inmediata, que es que serán necesarios muchos más votos para que un partido obtenga representación, lo que excluye casi sistemáticamente a partidos más pequeños, aunque obtuviesen porcentajes iguales o superiores al 10% (según algunas simulaciones). Por otra parte, se reorganizan los escaños de manera que estos sean impares en las provincias teóricamente “favorables” al partido y pares en las “contrarias”. El efecto es que, ley d’Hondt mediante, en las provincias impares el último escaño siempre baile hacia el partido más votado, aunque sea mínimamente (el cociente sería superior siempre), y en las pares haya, en el peor de los casos, un empate entre escaños de las dos principales formaciones. La consecuencia también es inmediata: se puede obtener mayoría absoluta con este sistema sin siquiera ser el partido más votado. Esto, por otra parte, no es nuevo; ya se hacía en Castilla-La Mancha durante los gobiernos socialistas de Bono y Barreda. Con este último la provincia clave era Ciudad Real, la única que tenía un número impar de diputados. Cospedal, antes de su contrarreforma, ya había hecho una anterior que no sólo aumentaba los diputados sino que reorganizaba (otra vez) los escaños para que en sus provincias más favorables pudiera el PP asegurarse el escaño bailón.

Nos escandalizamos —y debemos hacerlo— por esta subversión del método democrático, no hay duda. Pero deberíamos recordar que este método se practica a lo largo y ancho de Ehpañía, particularmente en las Comunidades Autónomas más señeras. El caso paradigmático es Euskadi, donde las tres provincias poseen idéntico número de diputados, 25, a su Parlamento, a pesar de que existe una desproporción enorme entre Álava y Guipúzcoa (que tiene el doble de población) o Vizcaya (el triple). Se aducen razones históricas para ello, pero lo cierto es que la sobrerrepresentación (y la capacidad de decisión) de uno de los tres territorios respecto al resto, al final, también choca frontalmente con las reglas democráticas y tiene consecuencias notables, que incluyen la propia elección a Lehendakari. En el ámbito nacional también sucede: no sólo se está perdiendo representación a carretadas manteniendo los 350 escaños en el Congreso a pesar del aumento imparable de la población desde 1978, sino que se hacen propuestas para reducirlos a 300 (el mínimo permitido constitucionalmente) sin que nadie ponga el grito en el cielo. Esta medida cuenta, por supuesto, con el apoyo del periodismo grumoso, para el que un exceso de democracia es motivo de hoguera y escarnio.

La maniobra de Castilla-La Mancha, sin ser, pues, exclusiva de la generalísima secretaria popular, sí es una de las reformas más sangrantes por varios motivos. El primero, porque ya venía precedida de otra cacicada en forma de la supresión de los sueldos parlamentarios, alejando en la práctica a muchos ciudadanos de la política al no poder dedicarse a ella sin tener otras fuentes de ingresos. El segundo, como apuntamos arriba, porque reduce drásticamente el número de diputados con el demagógico argumento del ahorro1 y, en realidad, lo que pretende es eliminar tanta oposición como sea posible. Ante eso, y vista la presteza con la que Maricospe se salta cuando quiere el concepto de democracia, sólo cabe —más allá del recurso al Constitucional que se supone que presentará la oposición— mandarla a ella y a su partido a lo que viene siendo el guano, por la vía de esas mismas urnas que pretende apropiarse. Y que tras las próximas elecciones le dé por hacer pucheros, pero de los de verdad.


1 Demagógico y falso, porque realmente el gasto por parlamentario es proporcionalmente una miseria. Curiosamente, no hace nada para regular, reducir o eliminar los asesores a dedo, que esos bien que cobran como un funcionario del rango más alto.

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