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Todología con bigote
Cómplices

Creo que no me equivoco si afirmo que, desde que tenemos democracia, este gobierno del PP es, de largo, el más misógino que ha pisado la Moncloa, para desgracia de las mujeres en España. No sólo con sus políticas de conciliación laboral (inexistentes), contra violencia de género (recortadas), o por la salud reproductiva (represivas), sino que encima justifican sus acciones de la forma más cínica posible. Como, por ejemplo, mencionando una “violencia estructural” (!) existente que “obligaría” a las mujeres a abortar y que explicaría la “necesidad” de recortar la legislación actual para volver a los supuestos. Es lo que pasa cuando confías el gobierno a sectarios ultracatólicos, claro.

Si a eso le sumamos en ansia que tienen por librar a los suyos de la acción de la justicia a toda costa, fundamentalmente usando la prerrogativa gubernamental del indulto, pues la cosa ya se vuelve séptica. Como lo que nos cuenta Eva Belmonte en La Marea :


El Gobierno concedió, en el Consejo de Ministros del pasado 30 de mayo, ocho nuevos indultos, recogidos en el BOE de hoy. Tres de ellos han sido para condenados por delitos contra la salud pública y otros tres por robo. También recibió la medida de gracia en esta tanda un guardia civil condenado por omisión del deber de perseguir delitos que había sido condenado a seis meses de inhabilitación de empleo o cargo público. El indulto cambia esa pena, que implica la pérdida de plaza de funcionario, por una multa de unos 500 euros, por lo que seguirá ejerciendo en el cuerpo.

Según los hechos probados que narra la sentencia, el hombre subió a un tren con un amigo, que lanzó improperios de contenido sexual a una mujer sentada al lado, llegándole a tocar el pubis. Mientras, el guardia civil grababa todo con el móvil y se reía de la situación. Su compañero de viaje fue condenado por delito sexual y lesiones (agredió a otro pasajero que intentó frenar el asalto) y él se quedó con la condena por omisión de perseguir delitos que ahora ha sido convertida en una multa.

La sentencia la tienen en el artículo enlazado, y ya de por sí es repugnante. El acusado, un guardia civil, grababa la agresión, se reía de ella, la jaleaba. En suma, yo lo entendería como cómplice al menos por omisión de lo que estaba allí pasando. Pero en el juicio no se consideró así y la acusación se limitó a la omisión del deber de socorro, por lo que la pena impuesta fue ridícula (hay que decir que el castigo al agresor tampoco fue precisamente ejemplar). Para colmo de males, quien juzgó y dictó dicha sentencia fue una juez.

Este tipo de agresiones se producen a diario. Muchas no se denuncian, ni siquiera se cuentan a nadie, porque seguimos viviendo en una sociedad que convierte en culpables a sus víctimas, que las obliga a avergonzarse, que las acusa de que es su actitud (¡¿cuál?!) la responsable de que les sucedan cosas terribles. Y todavía hoy, cuando sí se denuncian, llegan a un juzgado y consiguen sentencias condenatorias, ésta son tan nimias que añaden a todo lo anterior la frustración de que ni siquiera la Justicia puede protegerte. Tanto si el Código Penal no contempla penas mayores (lo desconozco) como si la juez hubiera decidido no aplicarlas en caso de que estas existan, el resultado del juicio fue que resulta realmente barato agredir sexualmente a una mujer.

El gobierno, y en particular el ministro Alberto Ruiz-Gallardón (aquél de la “violencia estructural”) decidieron hace unos días indultar al cómplice, un guardia civil que estaba suspendido de su empleo durante seis meses, pues la sentencia lo inhabilitaba para ocupar cargos públicos. La noticia no tardó en alcanzar las redes y hoy nos hemos enterado de que el tipo es hijo de un concejal del Partido Popular en Pola de Lena (Asturias), que había estado recogiendo firmas para conseguir el indulto, en lugar de soltarle dos sopapos al vástago por lo que hizo. Y eso que ni siquiera tenía pena de cárcel. Así que ya ven qué bien se explica la actitud del gobierno a la hora de decidir a quién se le dan las medidas de gracia. Me cuentan abogados que, como en algunos indultos polémicos recientes (por ejemplo, el del conductor kamikaze que estaba representado por un bufete relacionado con el Partido Popular) el Supremo decidió revertir la decisión del Consejo de Ministros exigiéndole que los razonara1, actualmente en los decretos de indulto se añade siempre la coletilla de “por razones de equidad y justicia” como forma de salvaguardarse de un rechazo del Alto Tribunal.

Las consecuencias de esta sucesión de eventos son terribles: Empezando por el guardia civil, siguiendo con la juez (y la ley a la que se acoge) y terminando con el ministro Gallardón, están diciéndole a los ciudadanos dos cosas: primera, que las agresiones sexuales a mujeres siguen sin tener para ellos suficiente entidad como para que se les aplique un castigo realmente justo; que es lo mismo que mantener a la mujer en el plano secundario y castrado donde este partido y este gobierno siempre ha querido recluirla. Y la segunda, terrorífica en sí, que su perpetrador sólo necesita estar bien relacionado en el partido para que sus actos queden sin castigo, dejando a las víctimas, reales y potenciales, en la más absoluta indefensión. Esta frase de Alicia Méndez resume muy bien lo que quiero expresar:


Una agresión sexual es, o debería ser, un crimen de máxima gravedad. Permitir a su perpetrador (o al cómplice de éste, como ha sido el caso) eludir la culpa convierte a todos aquellos que lo consienten, por muy juez o muy gobierno que sean, también en cómplices.


1 En 1988 el gobierno del PSOE decidió eliminar el requisito de razonar los indultos, aunque el Tribunal Supremo puede impugnarlos si no se dan ciertas condiciones formales. Este texto de Lucas Blanque explica cuáles son.

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