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Todología con bigote
Reformas con escayola

Estamos en período electoral y eso se nota, sobre todo en los partidos que tienen más que perder en la próxima llamada a las urnas, particularmente el que está en el gobierno. El PP ya va haciendo movimientos para que parezca que hacen algo parecido a gobernar (y no digamos ya gobernar para los ciudadanos en vez de para ellos y sus familiares y amigos) y así poder apuntarse algún tanto mediático que les sirva para detener una previsible sangría de votos. Aunque yo sigo diciendo que será mucho menor de la que se prevé.

Hoy le tocaba al ministro Fachardón Gallardón, que hacía anuncios de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que todavía no se está llevando a cabo, pero que sin duda tienen repercusión cuando salen en los papeles. Concretamente éste: Los políticos con juicios orales abiertos por corrupción no podrán ser candidatos en listas electorales.

Esto y follar con seis condones a la vez viene a ser lo mismo: el efecto final es prácticamente nulo. Si repasamos la historia de los (pocos) políticos encausados por algún delito de corrupción que realmente acabaran en el banquillo, vemos que ésta es realmente magra. No sólo eso: en los casos de apertura de juicio oral suelen pasar varios años desde el comienzo del proceso hasta que el político llega a ser juzgado. Es decir, que el presunto corrupto, bajo la anunciada reforma, podría aún presentarse en unas listas, salir elegido, aforarse, obligar al instructor a elevar el caso al Supremo o al tribunal regional correspondiente, luego cesar en el cargo, devolver el caso al juzgado original, y así hasta que la cosa esa tan difusa de la prescripción se hace fuerte y, en buena parte de los casos, le deja como mucho un bonito archivo sobre la mesa.

Lo más triste del asunto es que se quiere luchar contra la corrupción “impidiendo” algo por ley como en este caso. Incluso suponiendo —que es mucho suponer— que esa ley sirviera para algo, la lucha contra la corrupción, más exactamente contra el corrupto, debe empezar por los propios partidos. Y en eso el PP, si tuviera ese mínimo de vergüenza que ni siquiera tiene, debería demostrar que tiene un genuino interés por combatirla. En los últimos nueve años han pasado por sus filas o siguen en ellas un buen número de políticos con acusaciones muy serias, algunos ya con largas investigaciones encima. En su momento aprobaron un chiste de código ético, que no acababa aún de ser redactado y ya se estaban pasando por el orto. Existen indicios muy graves de que en ese partido se ha movido una caja “B” considerable y ni siquiera han abierto una investigación interna. Por supuesto, de echar del partido a aquellos sospechosamente corruptos ni se habla. Para ellos el baldón de tener a un posible chorizo —o varios— entre sus filas no resulta razón suficiente como para tomar cartas en el asunto y obligarle a que responda ante, por lo menos, sus afiliados. Claro que cuando son los propios afiliados los que en esos casos cierran filas y armas en su defensa poco más puede hacerse.

Hablo del PP porque están en este momento en el gobierno y son los responsables precisamente de legislar para que estas cosas se produzcan en lo mínimo posible. Pero lo cierto es que el PSOE no está mucho mejor, y otros partidos más pequeños pero dominantes en sus respectivos ámbitos (fundamentalmente los nacionalistas catalanes, vascos y lo que sea que sean los canarios) no les van a la zaga, proporcionalmente hablando. Por eso me parece una broma de muy mal gusto que de vez en cuando surjan iniciativas de alguna de estas formaciones por un “pacto contra la corrupción”. Oigan, oigan… ¿QUÉ COÑO UN PACTO? ¿Hace falta pactar con nadie que no vas a tener a corruptos en tus filas? ¿Depende del partido contrario que el tuyo esté razonablemente limpio?

En cuanto al ministro y su brindis al sol —a la urna, más bien—, sólo puedo decirle algunas cosas: si de verdad quisiera usted luchar contra la corrupción, endurecería las penas, alargaría considerablemente los tiempos de prescripción, dotaría presupuestariamente a los juzgados para que fuesen más eficientes y rápidos (ahora se hace justo lo contrario), modificaría la ley para que los partidos como entidades fuesen responsables penales al beneficiarse de un acto corrupto (por ejemplo, la financiación ilegal) y tantísimas otras cosas que casi habría que reescribir un título entero de la LECrim para que, a lo mejor, la política en este país no diera vergüenza ajena. Y, sobre todo, exigiría de entrada a su propio partido (tiene usté el carné aún, ¿verdad?) que empezara por echar salfumán dentro de la casa. Porque un partido político sólo es corrupto porque le parece bien serlo.

Mientras tanto, puede meterse ese anuncio de reforma por donde mejor le quepa. Que es, al fin y al cabo, donde va a terminar dicha reforma.

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